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RESOLUCIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES

 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES FRENTE A LA AUDITORÍA DE LOS TBI Y EL ACUERDO MULTIPARTES “TLC” FIRMADO CON LA UNIÓN EUROPEA

 

Quito, 4 de agosto de 2014

Las organizaciones sociales, basadas en las resoluciones del Taller Internacional “Alternativas al Régimen Internacional de Protección de Inversiones y al Sistema de Resolución de Controversias entre las Empresas Transnacionales y los Estados”, realizado en la ciudad de Guayaquil, los días 25 y 26 de julio de 2013, con la participación de organizaciones sociales, expertos, expertas y activistas del país y el exterior, reunidas en Quito el 29 de agosto del 2013, en el marco de las atribuciones contempladas en el Decreto Ejecutivo 1506, en su Art. 6, y amparadas en la normativa vigente sobre participación ciudadana y control social, nos planteamos:

· Apoyar la iniciativa de desarrollar una auditoría ciudadana de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional para avanzar en el proceso de denuncia de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones suscritos por el país y, como Movimientos Sociales ecuatorianos y de América Latina, acompañar y apoyar decididamente este esfuerzo;

· Impulsar la participación de nuestras y nuestros representantes en la estructura de la Comisión para la Auditoria Integral Ciudadana (CAITISA).

Desde hace muchos años hemos considerado:

· La necesidad de revisar los compromisos del Ecuador en materia de inversiones, contenidos en acuerdos internacionales como son los Tratados Bilaterales de Inversión y otros instrumentos convencionales o contractuales contenidos de disposiciones sustantivas y jurisdiccionales similares;

· La obligación de examinar la legitimidad y legalidad de la actuación de los tribunales de arbitraje internacional en materia de inversiones, a los cuales se ha sometido el Ecuador como consecuencia de su adhesión a esos acuerdos internacionales;

· Que el sustento y la base doctrinaria de los TBI, técnicamente llamados Tratados de Protección Recíproca de las Inversiones, es la lógica del libre comercio, y que ésta deja la dinámica de la sociedad y su economía al poder del mercado, y limita la capacidad reguladora y soberana de los Estados. Como su nombre lo indica, protege a las inversiones e inversionistas extranjeros, precisamente de acciones regulatorias de los Estados que pudieran afectar sus ganancias, aún cuando ello implique el deterioro de la calidad de vida de su población y atente contra los derechos humanos y de la naturaleza.

Llamamos a que:

· Siendo que los TBIs suscritos por Ecuador con Alemania, Reino Unido, Francia y Suecia ya han pasado por el proceso legal y constitucional de denuncia, a través del “pedido de denuncia del ejecutivo en enero del 2010, aprobados por la Corte Constitucional, y aprobados para su denuncia por la Asamblea Nacional entre el 2010 y el 2011”; y dado que los resultados parciales de la investigación de la CAITISA indican que no existen objeciones técnicas ni jurídicas para la concreción de esas denuncias, hacemos un llamado a que sean notificadas de inmediato a las contrapartes respectivas y publicadas en el Registro Oficial, para determinar así su perfeccionamiento.

Con base en los avances que informa hoy la Comisión de Auditoría hacemos también el llamado urgente a que se dé trámite a la denuncia de todos los demás TBIs dado que, en lo fundamental, son lo mismo. Pedimos también que la Comisión genere las estrategias necesarias para sugerir al ejecutivo la declaración de nulidad de todos los TBI dado que, en principio, la validez de los mismos tendría una duración de 15 años luego de haber sido denunciados si no son declarados nulos.

Por otro lado, dado que la lógica del libre comercio atraviesa tanto a los TBI como a los Tratados de Libre Comercio, se solicitan de manera urgente los textos del Acuerdo Comercial Multipartes con la UE, cuya negociación se cerró el 17 de julio de 2014 en Bruselas- Bélgica, y que se amplíe el mandato de la CAITISA para que también analice este nueva iniciativa de tratado y dé a conocer al Gobierno, a la Asamblea Nacional y a la ciudadanía, su experta opinión.

El gobierno ecuatoriano ha sostenido enfáticamente, desde que se retomaron las negociaciones con la Unión Europea, que no se estaba negociando un TLC sino un “acuerdo comercial para el desarrollo”; sin embargo el Ecuador está adhiriendo al “Acuerdo Comercial Multipartes” firmado por la Unión Europea con Colombia y Perú en el 2012, el cual es oficialmente reconocido en dichos países como un tratado de libre comercio o TLC. De hecho, las negociaciones se han llevado a cabo en base a la cláusula de adhesión, contenida en el artículo 329 de dicho documento, lo cual significa que el acuerdo alcanzado por Ecuador no se diferencia, en lo sustancial, del acuerdo firmado por nuestros vecinos andinos

Finalmente, expresamos nuestra postura de mantener el diálogo con las y los comisionados ciudadanos, y esperamos que sus conclusiones nos provean de argumentos legales y económicos para la denuncia o nulidad de todos los TBI y la NO ratificación del Acuerdo firmado con la Unión Europea.

 

Atentamente,

Ecuador Decide
CDES
Comité de Mujers AP
Acción Ecológica
Wilma Salgado, miembro Comité Jubileo 200
Asociación Afro Gualea Pambil
Asociación de Pescadores 16 de Julio
Asociación de Bananeros
Asociación Santa Rosa
Plataforma Feminista
(siguen más organizaciones)

CARTA DEL COMITÉ PARA LA EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO (CODE)

Carta firmada por 49 organizaciones de la región de América Latina y el Caribe, entre esas CDES, en la cual se expresan las preocupaciones respecto al borrador del Banco Mundial que plantearía que los proyectos de inversión financiados por esa institución en cualquier país no tengan que cumplir algunas normas ambientales y sociales.

--

Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE)


Sr. Juan Jose Bravo (Chair)
Sra. Wilhelm M. Rissmann (Vice Chair)
Sr. Gino Alzetta
Sr. Vadim Grishin
Sr. Denny Kalyalya
Sr. Mukesh Nandan Prasad
Sra. Satu Leena Elina Santala
Sr. Hideaki Suzuki


Ref: Preocupaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre el primer borrador de la Política Ambiental y Social y los Estándares Ambientales y Sociales


Estimados miembros del CODE y Directores Ejecutivos del Banco Mundial,


Esperamos que este correo les encuentre bien. Les escribimos con relación al proceso de revisión de las Políticas Salvaguardas, en particular, respecto al primer borrador que la administración del Banco ha elaborado. Desde 2012, hemos seguido este proceso de revisión, y a lo largo de este tiempo hemos atestiguado en diversas ocasiones afirmaciones públicas y promesas sobre que esta revisión no debilitaría las actuales Políticas Salvaguardas del Banco; tanto por parte de la administración, como del propio presidente del Banco Mundial, el Dr. Jim Yong Kim. A pesar de que durante estos dos años, las diferentes partes interesadas hemos brindado recomendaciones al Banco sobre cómo podrían fortalecer, ampliar y garantizar la aplicación de las salvaguardas de manera más comprensible y consistente y a través de una gama más amplia de temas sociales y ambientales, el primer borrador de propuesta representa un claro debilitamiento de estas normas, lo cual consideramos inaceptable. Por lo tanto, consideramos indispensable que los miembros del Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE) regresen este primer borrador a la administración para que ésta pueda realizar las modificaciones necesarias. Sin cambios estructurales al borrador propuesto, cuestionamos la relevancia de llevar a cabo la segunda fase del proceso de revisión y consulta.

El debilitamiento de las Políticas Salvaguardas del Banco es evidente a lo largo del borrador de propuesta de Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales (ESSs, por sus siglas en inglés). En este sentido, una de nuestras principales preocupaciones se refiere a la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e
impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación. La adopción por parte del Banco del criterio de cumplimiento sin plazos definidos que tiene la Corporación Financiera Internacional (CFI) elimina los requisitos estrictos que existen en las Salvaguardas actuales, las cuales requieren que las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) para proyectos de alto riesgo sean publicadas previo a la aprobación del proyecto. Además, no hay claridad sobre lo que es un Plan de Compromiso Ambiental y Social, cuándo se publicará, cómo se implementará y garantizará su cumplimiento, así como, qué se hará en caso de que se requieran acciones correctivas y cómo y cuándo se estará en conformidad con dicho Plan. Asimismo, el borrador elimina importantes funciones del Banco de supervisión, ya que se basa en la recién revisada OP 10.0 para préstamos de inversión, en la cual ya se había debilitado el requisito de supervisión de la política, cambiándola a una orientación voluntaria. Otra cosa que este borrador elimina es la activación automática de un panel independiente de expertos en el caso de proyectos de alto riesgo, sin que exista un compromiso explícito para que se realice un monitoreo independiente en estos casos. También establece una definición más restringida sobre “área de influencia del proyecto”, así como requisitos ambiguos para proyectos clasificados con “riesgo considerable”. 

Una segunda preocupación se refiere a que el primer borrador cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios claros sobre en qué casos esto será aceptable. No se explica cómo esta nueva propuesta ayudará a que el Banco y los prestatarios tomen decisiones para preparar o usar los sistemas de los países prestatarios, de tal manera que las salvaguardas puedan implementarse efectivamente en aquellos países que están inmersos en procesos de debilitamiento de sus marcos ambientales y sociales. Por ejemplo, en Perú, una nueva ley debilita significativamente la autoridad y la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); así como, la coordinación intersectorial y control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del recién creado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Por su parte, el Congreso mexicano recientemente aprobó el primer paquete de regulaciones bajo la reforma energética, las cuales priorizan los hidrocarburos, el gas y la energía, sobre cualquier otro uso de la tierra. Estas regulaciones brindan la oportunidad para expropiaciones de tierra expeditas, además de potencialmente ignorar las áreas naturales protegidas que han sido reconocidas. De manera similar, la recién aprobada Ley de Minería de Bolivia, permite actividades mineras en áreas protegidas como parques nacionales, además de excluir el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en las actividades de exploración. Asimismo, durante los últimos años los permisos ambientales para proyectos extractivos y de infraestructura en Colombia se han debilitado. Sin las clarificaciones necesarias, el borrador deja al Banco y al prestatario con menos capacidad de moverse con confianza hacia un enfoque de salvaguardas que contribuya a la construcción de la capacidad para la gestión local del riesgo.

Además, consideramos que la propuesta de borrador deja pasar la oportunidad para cumplir con los más altos estándares internacionales. Sobre esto, nos preocupa que el borrador carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos “optar” en cuanto al cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas para proteger los derechos de estos pueblos. Lo anterior socava inequívocamente el consenso internacional con respecto a los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos y el curso de su propio desarrollo. El borrador elimina los requisitos de estudios de referencia para informar sobre la protección del derecho a la tierra, el sustento y la vivienda adecuada. Además, introduce la “compensación de la biodiversidad” en lo que previamente estaba contemplado como hábitats naturales en estado crítico y áreas protegidas, por lo que no se podían implementar proyectos en esas zonas. Todas estas deficiencias representan grandes preocupaciones para los países Latinoamericanos con vastos territorios indígenas y tribales, así como con hábitats naturales en estado crítico.

En una región como América Latina, con los mayores índices de desigualdad, el primer borrador no provee requisito alguno que permita asegurar que las comunidades pobres y grupos en situaciones de marginación o vulnerabilidad por edad, discapacidad, género u orientación sexual, se beneficien equitativamente de proyectos financiados por el Banco Mundial u otras instituciones financieras, o que al menos, no sean afectados por impactos desproporcionados. Por ejemplo, en los casos que proyectos apoyados por el Banco involucren desalojos forzosos y desplazamientos económicos y físicos. La propuesta actual implica que las comunidades afectadas queden desprotegidas.

El borrador propuesto, no sólo va en contra del objetivo principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida, sino que baja el estándar tanto para el Banco, como para toda la comunidad internacional. Con el lanzamiento del Banco de los BRICS la semana pasada en Fortaleza, Brasil, se torna aún más claro que el Banco Mundial enfrenta una competencia sin precedentes. En lugar de promover una mayor armonización de estándares, este borrador promueve que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), como también iniciativas como el Fondo Verde Climático, bajen sus estándares. Aparte de promover que los países de la región debiliten aún más sus marcos ambientales.

Por todas estas razones, reiteramos que es indispensable que los miembros del CODE cumplan con su responsabilidad y regresen el primer borrador a la administración para que modifiquen, al menos, las deficiencias ya mencionadas.

Agradecemos de antemano su atención y apoyo en este importante tema y quedamos atentas y atentos a sus reacciones y respuestas.


Saludos cordiales,
1. Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) – Regional
2. Alianza Sustentabilidad Ecológica y Justicia Social (AlianzaVerde) - Honduras
3. Amazónicos por la Amazonía (AMPA) – Perú
4. Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) - Brasil
5. Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) – Colombia
6. Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (APA) - Guyana
7. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA // Interamerican Association for
Environmental Defense, AIDA - Regional
8. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) - Perú
9. Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central. Abarca las regiones de Junín, Pasco,
Huánuco y Ucayali (ARPI SC) - Perú
10. Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) – Ecuador
11. Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA) – Bolivia
12. Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) - Panamá
13. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) - México
14. Comunidades Negras en Colombia (PCN) - Colombia
15. Conectas – Brasil
16. Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) - Bolivia
17. Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) - Ecuador
18. Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) - Honduras
19. Congreso de la Nación Tawahka-Asangni (C.N.T. A.) - Honduras
20. Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín. Abarca la región San Martín.
(CODEPISAM) - Perú
21. Consejo Machiguenga del río Urubamba (afiliado directo). Abarca la región de Cusco (COMARU) -
Perú
22. Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) - Brasil
23. Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) – Amazonia
24. Coordinadora Indígena de Mesoamérica y el Caribe (CIMCA) - Regional
25. Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Aidesep Atalaya. Abarca la provincia de Atalaya,
región Ucayali (CORPIAA) - Perú
26. Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo. Abarca la región Loreto, provincias
Yurimaguas y Datem del Marañón (CORPI SL) - Perú
27. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) - Perú
28. Ecoa – Brasil
29. Federación de Organizaciones Indígenas de Guyana (FOAG) - Guyana
30. Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes. Abarca la región Madre de Dios (FENAMAD)
– Perú31. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) – Perú
32. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) – Argentina
33. Fundación MBiguá –Argentina
34. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) – Argentina
35. Fundar, Centro de Análisis e Investigación – México
36. Grupo Propuesta Ciudadana - Perú
37. Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (IBASE) – Brasil
38. Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) – Brasil
39. Instituto del Bien Común (IBC) – Perú
40. Institutos Latinoamericanos para una Sociedad y un Derecho alternativos (ILSA) – Colombia
41. Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) - Colombia
42. Organización de Pueblos Indígenas de Surinam (OIS) - Surinam
43. Organización Regional Aidesep Ucayali. Abarca la región Ucayali (ORAU) – Perú
44. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente. Abarca la región de Loreto (ORPIO) –
Perú
45. Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) - Regional
46. Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte. Abarca las regiones de Cajamarca
y Amazonas (ORPIAN – P) – Perú
47. Red Indígena de Turismo de México (RITA) - México
48. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A. C. (RedMocaf) - México
49. RED MUQUI – Perú


Cc: Sara Aviel, Dan Peters, Rachel Kutzley, Gwen Hines, Clare Roberts, Simon Bor, Phil Stevens, Hervé
de Villeroché, Jean-Paul Julia, Veronique Massenet, Omar Bougara, Alistair Smith, Janet Harris, Andrew
Clark, César Guido Forcieri, Michael Willcock, Bok-Hwan Yu, Foketi Imo-Evalu, Mark Tattersall, Merza
Hasan, Alyaa Alaali, Agapito Mendes Dias, Mohamed Sikieh Kayad, Roberto B Tan, Rogério Studart,
Jaime Alvarez, Natalia Speer, Sundaran Ammamalai, Hung Quoc Le, Than Than Swe, Shixin Chen, Bin
Han, Frank Heemskerk, Roman Zhukovski, Piero Cipollone, Nuno Mota Pinto, Tindaro Paganini, Ibrahi
Alturki, Jorg Frieden, Wieslaw Szczuka, Reto Gruninger, Mansur Muhtar, Ana Afonso Dias Lourenco

PRONUNCIAMIENTO POR LA FALTA DE RESPUESTA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE A MASACRE DE AISLADOS

 COMUNICADO

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

 

1. El Juzgado II de Garantías Penales de Orellana, consultó a la Corte Constitucional, la aplicabilidad de las normas constitucionales en el proceso penal que se sigue por la presunta muerte de miembros de un pueblo indígena en aislamiento, presuntamente a manos de un grupo de miembros de la Nacionalidad Waorani, trágico suceso que habría sucedido el 30 de marzo de 2013.

2. El día 22 de julio de 2014, el Juez II de Garantías Penales de Orellana emitió una providencia disponiendo que, al transcurrir más de 45 días desde que la Corte avocó conocimiento del caso constitucional No. 0072-14-CN, y no se ha pronunciado, se dispuso la continuación del trámite.

3. El 7 de julio de 2014, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentóAmicus Curiae, en la Consulta realizada a la Corte Constitucional respecto al proceso penal, pieza procesal que, dado el silencio de la Corte, no ha sido analizado.

 

Frente a estos hechos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que:

a) Este caso, por su importancia y delicadeza, debería haber sido tratado de manera prioritaria por parte de la Corte Constitucional. Debe tenerse en cuenta que los hechos objeto de la consulta han acarreado un número hasta ahora indeterminado de muertos, 5 personas detenidas, 9 prófugos, 2 niñas que al momento continúan como testigos protegidos, y una situación general de conflicto abierto entre las comunidades waorani.

b) La consulta elevada a la Corte Constitucional era de importancia capital, porque obliga al Estado a iniciar un razonamiento constructivo respecto a la aplicación intercultural de la justicia indígena, al amparo de lo establecido en la propia Carta Magna y en los Tratados Internacionales.

c) En tal razón sorprende el silencio de la más alta autoridad jurídica del país, en relación a una situación con tan altas tensiones. Ese silencio genera falta de tutela por parte del Estado Ecuatoriano y sus instituciones a favor de los detenidos, los procesados y las víctimas. Existe una obligación legal y moral de la Corte para que resuelva la consulta planteada.

d) El silencio de la Corte, pasados los 45 días establecidos en el art. 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no tiene efecto retroactivo, por lo que en el caso de los procesados los deja en indefensión, ya que puede ponerse en peligro la aplicación constructiva de la norma, y aumenta el riesgo de nuevos conflictos en territorio waorani.

e) Existen varias consultas relativas a la aplicación de justicia indígena, que no han sido resueltas por la Corte. El ejercicio de la justicia obliga a los operadores de la misma aporten a la construcción de la paz, al generar seguridad jurídica que evite errores en la aplicación de la política pública.

 

En suma, consideramos que se ha perdido una oportunidad directa para resolver una tensión jurídica vital para el desarrollo del Estado Plurinacional, y lamentamos profundamente que la Corte no haya actuado con la celeridad necesaria (que sí ha tenido en otros casos). Mantendremos el monitoreo y la vigilancia frente al presente caso, y esperamos que las autoridades judiciales respeten los mínimos establecidos en la Constitución y las leyes, en el marco del respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

 

Firman:

Centro de Derechos Humanos PUCE                                  

Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES 

Instituto Regional de Derechos Humanos INREDH     

Fundación Alejandro Labaka

Comité de Derechos Humanos de Orellana

 

 

 

MESA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA

¿Dónde quedó el debate
sobre la Ley de Tierras y Territorios?

No te pierdas la mesa de análisis de coyuntura "¿Dónde quedó el debate sobre la Ley de Tierras y Territorios?" Este miércoles 23 de julio en la Universidad Andina Simón Bolívar desde las 17h00.

MESA

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A FIRMA DEL TLC CON LA UNIÓN EUROPEA

¿Un tratado libre de CULPA?

Finalmente pudo más la presión del sector agroexportador que las mismas convicciones del Presidente Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno sobre los impactos negativos de los tratados de libre comercio, sobre los cuales el Presidente hizo manifiesta su posición en el 2006 con la publicación de “El rostro oculto del TLC”. Claro está, pudo más también que la crítica desde sectores académicos, desde algunas ONG, e incluso desde los movimientos sociales. Y no sorprende que hayan podido imponerse los intereses de los grandes exportadores y de la agroindustria – aunados desde luego a los intereses de las corporaciones transnacionales europeas – pues han sido los representantes de estos sectores quienes han acompañado a la delegación oficial durante todo el proceso de negociación; oportunidad que ni de cerca tuvieron los representantes de los sectores que muy probablemente se verán afectados si el acuerdo firmado llegara a ser aprobado e implementado, a saber, los agentes de la agricultura familiar campesina, de la pesca artesanal, de la pequeña industria, pequeños productores, usuarios y usuarias de servicios de salud, entre otros.

Tampoco importó, en última instancia, la incompatibilidad de un acuerdo de este tipo con la tan aclamada y poco respetada Constitución de Montecristi; incompatibilidad que influyó, entre otros factores, para que las negociaciones con la Unión Europea se suspendieran en el 2009, toda vez que se identificaran –para preocupación de los negociadores europeos– claras contradicciones con principios constitucionales entre los cuales podemos nombrar el no sometimiento a instancias de arbitraje internacional para la solución de controversias entre el Estado ecuatoriano y empresas transnacionales, el aprovechamiento del sistema de compras públicas para impulsar el desarrollo de la economía popular y solidaria, y el garantizar la soberanía alimentaria.

Así, el día de ayer, 16 de julio de 2014, se cerró en Bruselas, Bélgica, el acuerdo por el cual Ecuador se adheriría al “acuerdo comercial multipartes” firmado por la Unión Europea con Colombia y Perú en el 2012; acuerdo que es oficialmente reconocido en dichos países como un tratado de libre comercio o TLC. De hecho, las negociaciones se han llevado a cabo en base a la cláusula de adhesión contenida en el artículo 329 de dicho documento, lo cual significa que el acuerdo alcanzado por la comisión negociadora ecuatoriana no se distinguiría, en lo sustancial, del acuerdo firmado por nuestros vecinos andinos. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano ha sostenido enfáticamente, desde que se retomaron las negociaciones con la Unión Europea, que no se estaba negociando un TLC sino un “acuerdo comercial para el desarrollo”.

En tal virtud, hacemos un llamado al gobierno del Presidente Rafael Correa para que haga público y transparente el contenido del acuerdo comercial alcanzado ayer entre Ecuador y la Unión Europea, pues no se puede decidir sobre un tema tan relevante para el país sin un claro conocimiento y la participación de todos los sectores de la sociedad. Además, instamos al Presidente a señalar cuáles son las grandes diferencias de este acuerdo con el firmado por la Unión Europea con Colombia y Perú, así como las cuestiones de fondo que lo distinguirían de un típico tratado de libre comercio.

Finalmente, es importante señalar que este acuerdo debe pasar por un proceso de validación ante la Corte Constitucional del Ecuador, así como por un proceso de discusión y aprobación por parte de la Asamblea Nacional y del Parlamento Europeo, siendo quizás ésta la última oportunidad que tenga el pueblo ecuatoriano para conocer cabalmente el contenido de este acuerdo, discutir sobre su legalidad y legitimidad, y tomar las acciones necesarias para impedir su ratificación, de ser el caso.

 

DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES REGIONALES

Compartimos esta declaración de distintas organizaciones de la sociedad civil de América Latina y El Caribe, firmada en el marco del Seminario Internacional “Transparencia, Fiscalidad Internacional e Industrias Extractivas" organizado por LATINDADD y CDES en Quito el 2, 3 y 4 de 2014

 

FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO PERUANO

Las Instituciones participantes del Seminario Internacional Transparencia y Fiscalidad internacional, habiendo tomado conocimiento del Proyecto de Ley N° 3627/2014-PE remitido recientemente al Congreso para su aprobación urgente, consideramos que amerita un mayor debate entre los diferentes actores involucrados, estado, sociedad civil y empresas, en aras de profundizar el análisis y alternativas propuestas y de la transparencia necesaria para el fortalecimiento de la democracia y la justicia social.

Nos preocupa que este proyecto de ley incluya propuestas que ponen en cuestión principios esenciales   de la gobernanza en temas tributarios, ambientales y laborales; afectando los derechos de los peruanos y peruanas al desarrollo con equidad, inclusión y sostenibilidad; y que son similares a medidas que se están impulsando en otros países de la región latinoamericana.

  • Condonar de manera indiscriminada deudas tributarias por más de S/. 20 mil millones de soles; equivalente a casi el doble del presupuesto público del sector salud para el año 2014, sin diferenciar el tamaño de los contribuyentes, y donde los 9 mayores deudores acumulan entre ellos no menos de S/. 4,500 millones de soles, un monto 8 veces mayor a lo que adeudan 55 mil pequeños contribuyentes; es una medida que lejos de sancionar ejemplarmente a los deudores que se  han negado reiteradamente  a pagar, son beneficiados y más bien se premia su incumplimiento. Tampoco se informa a la opinión pública quiénes son estos grandes deudores, invocando incorrectamente la reserva tributaria; rehusando cumplir con los principios más esenciales de la transparencia en los asuntos públicos.
  • Refrendar y extender el uso de Convenios de Estabilidad Tributaria para proyectos mineros,  recortando las atribuciones del Estado en temas fiscales; sin una evaluación y debate transparente sobre los reales costos y beneficios para el país; siendo que dichos Convenios cuestionados a nivel internacional  debido a su alto costo para los países en desarrollo como el Perú.
  • Recortar atribuciones a las autoridades ambientales para fiscalizar y sancionar infracciones, desconocer el rol de los gobiernos subnacionales, de los procesos participativos y de concertación con la ciudadanía, debilitan elementos esenciales de la gobernanza y capacidad regulatoria del sector ambiental, cuando paradójicamente Perú será la sede de la XX Conferencia Mundial de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 20) de las Naciones Unidas en diciembre próximo.

En tal sentido, consideramos que es imperativo que se abra un amplio proceso de debate y consulta ciudadana, transparente, abierto, participativo, sobre la reactivación económica y la promoción de inversiones del Estado Peruano, garantizando los derechos de peruanos y peruanas.

Firman esta Declaración: La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe; Representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, Representante de la Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control. (ULATOC), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de las Cuencas Amazónicas (COICA). Académicos, y expertos fiscales del hemisferio.

Austria envía su apoyo a YASunidos y a los indígenas aislados

A propósito del viaje a Austria, de Alicia Weya Cahuiya y de Eduardo Pichilingue Ramos (CDES), se ha generado una gran preocupación por lo que viene sucediendo en el Ecuador alrededor del avance del extractivismo sobre los territorios de los pueblos indígenas y en especial de los que se mantienen en Situación de Aislamiento en Yasuní. Las organizaciones: Gesellschaft für bedrohte Völker (Sociedad para los Pueblos Amenazados), Klimabündnis Österreichla (Alianza del Clima - Austria) y Südwind (Vientos del Sur) elaboraron una petición e iniciaron una acción de recolección de firmas, en mayo, por diferentes ciudades de Austria, con el fin de hacer un llamado al gobierno ecuatoriano sobre la observancia de los derechos constitucionales de las comunidades indígenas y la participación democrática, justo en momentos en que además se conoció sobre la negativa del CNE a la consulta popular propuesta por YASunidos.
El día de ayer (26/Jun/2014), el Ex-Ministro de Recursos No Renobables, y ahora Embajador en Austria, Wilson Pastor, recibió las cartas con las 1000 firmas de ciudadanos y organizaciones de Austria en apoyo a YASunidos y solicitando el respeto de los derechos de los indígenas aislados en el Yasuní.


Fotos de la entrega del documento: 
http://www.gfbv.at/amazonien-was-soll-uns-bleiben/?bdrm=tif00067cbd-8735f4b8#lightbox[393]/0/

Texto del Documento en español: 
http://www.gfbv.at/wp-content/uploads/2014/05/2014-05-19-Petición-ONLINE-para-el-Presidente-de-la-República-del-Ecuador_espanol.pdf
 
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Encuentro Latinomericano frente a los Tratados de Libre Comercio

El pasado viernes 30 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Latinomericano frente a los Tratados de Libre Comercio en la Escuela Politécnica Nacional. El evento tuvo gran acogida por parte de estudiantes, miembros de distintas organizaciones y colectivos de diferentes partes del país: Guayas, Esmeraldas, Tungurahua, Oriente, etc. A lo largo del encuentro se discutieron distintos argumentos expuestos por los ponentes acerca del Acuerdo Comercial con la Unión Europea y sus repercusiones en la economía nacional.

Al final de la jornada se realizaron dos mesas de trabajo: a) Agricultura b) Salud y servicios públicos; en las que se propusieron algunas soluciones desde los expertos, colectivos y organizaciones sociales, para tratar el tema del TLC.

Entre los ponentes tuvimos a:
- Jorge Coronado (Latindadd y Alianza Social Continental – Costa Rica)
- Alberto Arroyo (Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio – México)
- Rodolfo Bejarano Bernal (Latindadd – Perú)
- Héctor Moncayo (Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio – Colombia)
- Elizabeth Bravo (Acción Ecológica – Ecuador)

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CDES PARLAMENTO AUSTRIA

CDES EN PARLAMENTO DE AUSTRIA

Boletín de Prensa

El día 07 de mayo de 2014 a las 15:00 horas, Alicia Cahuiya, indígena Waorani y Vicepresidenta de la NAWE, y Eduardo Pichilingue, Director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, fueron invitados al Parlamento de la República de Austria, por varios integrantes del Parlamento y del Consejo Nacional. En una extensa reunión, informaron sobre los acontecimientos actuales en Ecuador en torno a los temas relacionadas al Yasuní y los indígenas aislados, la consulta popular, así como también sobre la política extractivista que viene aplicando el gobierno ecuatoriano y sus impactos sobre la vida y el territorio de los pueblos indígenas. Los representantes del Parlamento se mostraron sumamente preocupados ante las graves amenazas para los derechos humanos que representa el avance de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

Además, el día 06 de mayo de 2014 mantuvieron una larga reunión con la Vocera para el Medioambiente del Partido Verde de Austria, en la que ésta expresó su firme compromiso con la lucha de las organizaciones indígenas y del colectivo Yasunidos, para reclamar su derecho, consagrado en la Constitución del país, a proceder a una consulta popular sobre la explotación del bloque 43 (ITT) en el Yasuní.

En ambas reuniones se presentó una petición respaldada por tres importantes organizaciones de derechos humanos y ONG’s: Gesellschaft für bedrohte Völker (la Sociedad para los Pueblos Amenazados), organización que tiene estatus de observador en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; Südwind (Viento del Sur), una de las ONG’s más grandes de Austria, que trabaja desde hace 34 años en temas relacionadas a los derechos humanos en los países del hemisferio sur ; así como Klimabündnis (Alianza para el Clima), que desde sus inicios lleva a cabo proyectos de hermandad entre comunidades de la Amazonía y ciudades y comunidades de toda Europa, y que en el 2010 hizo un llamado a la Unión Europea para poner a disposición los fondos necesarios para apoyar la iniciativa Yasuní-ITT.

Alicia Cahuiya y Eduardo Pichilingue están viajando por Austria y Alemania del 04 al 24 de mayo del 2014, para informar tanto en eventos de discusión y mediante una exposición fotográfica así como en reuniones con políticos, organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación de estos países, sobre la preocupante situación en la que se encuentra la Amazonía ecuatoriana. Visitan las ciudades de Viena, Graz, Villach e Innsbruck en Austria y Göttingen, Berlín y Hamburgo en Alemania. El evento de inauguración de esta gira se celebró el 06 de mayo a las 19:00 horas en la Universität für Bodenkultur (Universidad para la Cultura del Suelo) en Viena, y al mismo asistió una gran cantidad de estudiantes, profesores, políticos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general.

00

Alicia CahuiLLa y Eduardo Pichilingue dialogando con los diputados:

Franz-Josef Huainigg, Partido Popular-Conservador, Vocero de Políticas para el Desarrollo

Petra Rund, Departamento de Relaciones Multilaterales y Cooperación para el Desarrollo

Nathalie Phlak, Asistenta del Subcomité de Políticas para el Desarrollo

Alexandra Kraft, Jóvenes del Partido Team Stronach

Jessi Lintl, Partido Team Stronach, Vocera de Políticas para el Desarrollo

Petra Bayr, Partido Social-Demócrata, Presidenta del Subcomité de Políticas para el Desarrollo

0

De Izq. A Der.: Eduardo Pichilingue (CDES), Jessi Lintl (Team Stronach), Petra Bayr (Partido Social-Demócrata), Alicia Cahuilla (NAWE), al frente: Franz-Josef Huainigg, Partido Popular-Conservador

1.5

Eduardo Pichilingue, Petra Bayr y Alicia Cahuilla

001      1

Petra Bayr, Partido Social-Demócrata, Presidenta del Subcomité de Políticas para el Desarrollo

2.5

Franz-Josef Huainigg, Partido Popular-Conservador, Vocero de Políticas para el Desarrollo

2

Jessi Lintl, Team Stronach

002                              003      4

 

 

 

 

ARTÍCULO OPINIÓN

Préstamos chinos y lo ambiental

Paulina Garzón

 

Hace dos años empecé una investigación sobre las regulaciones ambientales y sociales que gobiernan los bancos multilaterales y nacionales que otorgan financiamiento a América Latina, pero al poco tiempo decidí enfocar y expandir la investigación sobre las regulaciones chinas. Primero, porque los impactos ambientales y sociales de los capitales chinos en la región amazónica podrían ser trágicos. Con base en los datos del Heritage Fundation Tracker y del Inter-American Dialogue Data Base (Think Thanks estadounidenses), se puede establecer que tres cuartas partes de las inversiones directas chinas y de los préstamos a gobiernos de bancos chinos en América Latina van especialmente a Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú y que la mayoría están dirigidos a proyectos petroleros y mineros. Y segundo, porque conocemos muy poco sobre regulaciones ambientales y sociales chinas que aplican a los préstamos y operaciones fuera de China. Incluso, algunas de estas normativas son más fuertes que las del Banco Mundial. Por ejemplo, el Banco de Exportaciones e Importaciones de la China (uno de los dos acreedores más importantes en la región) exige una Evaluación Ambiental y Social al final de todos los proyectos que financia; el Banco Mundial tiene este requisito solo para los proyectos de alto impacto. El Banco de Desarrollo de la China (el otro gran acreedor) debe realizar, además de la evaluación ambiental del proyecto, una evaluación del cliente basado en el récord ambiental de la compañía que ejecutará el préstamo, y puede usar el "derecho de veto" para rechazar un proyecto por razones exclusivamente ambientales. La Directiva de Crédito Verde (la regulación más relevante para los bancos chinos) estipula que deben realizar visitas de debida diligencia en forma "completa, exhaustiva y detallada" en el sitio del proyecto antes de conceder el préstamo; y que se puede solicitar que un "tercero independiente" (una organización de la sociedad civil) evalúe los impactos ambientales y sociales. Sin embargo, el hecho de que existan regulaciones para los bancos y las empresas chinas no quiere decir que las cosas se hagan bien. El desempeño ambiental y social de estas entidades es extremamente pobre, dentro y fuera de China. China carece de sistemas eficientes que aseguren la implementación de las regulaciones, tampoco existe un buen control por parte de las agencias estatales, y no hay políticas que garanticen el acceso a la información por parte de todos los interesados. Una "alianza Sur-Sur" como han llamado varios gobernantes a la "cooperación económica" entre China y América Latina no se puede construir con regulaciones que son buenas en espíritu pero que en la práctica han resultado en letra muerta. Por ello, una tarea urgente para los bancos chinos es tomar en serio sus propias reglas de juego; y para la sociedad civil de los países prestatarios, exigir su fiel cumplimiento.

Fuente: http://www.elcomercio.com/columnistas_invitados/Alexa-Opinion-Paulina_Garzon-prestamos-China-bancos-ambiente_0_1137486325.html

ARTÍCULO

Ecuador: entre los condicionamientos de los bancos chinos y los condicionamientos del Banco Mundial

 

Paulina Garzón
 
Después de que en la Cumbre de Uruguay de Octubre del 2011 el Presidente ecuatoriano Rafael Correa le acusó al Banco Mundial de que "ha sido heraldo del neoliberalismo", cautelosamente el gobierno ecuatoriano ha ido restableciendo las relaciones con esa institución bancaria. En el 2013, el Banco Mundial aprobó dos créditos para Ecuador, el primero de USD 100 millones para proyectos de inversión social, y luego otro de USD 205 millones para la construcción del Metro de Quito. Ambos créditos pasaron casi desapercibidos por la opinión pública, en parte porque no hubieron pronunciamientos al respecto desde el gobierno ecuatoriano.
 
La semana pasada, en cambio, varios medios de comunicación ecuatorianos e internacionales dieron cuenta de un cambio importante, no sólo en la estrategia de la captación de fondos extranjeros pero también en la retórica del Presidente que ha señalado que estaría “Bienvenido el financiamiento del Banco Mundial, pero sin condicionamientos”, además de que se hará “una operación de bonos en el mercado abierto este año” por unos “700 millones de dólares” para financiar el presupuesto de inversión del país, cosa que no se había hecho desde el 2008.
 
En principio, en términos puramente económicos, este cambio podría ser positivo para el país dado que los préstamos chinos tienen intereses muy altos y plazos muy cortos, y también condicionamientos –una gran parte de los préstamos chinos están atados a la contratación de empresas chinas, proveedores chinos y mano de obra china.
 
No obstante, aparentemente, el cambio no radica en reemplazar los préstamos chinos con los del Banco Mundial y en volver a los mercados de venta de bonos; pero en diversificar las fuentes de acceso al capital. En pocos días una delegación ecuatoriana, encabezada por el Vice-Ministro de Recursos Estrátegicos, Augusto Espín, se dirigirá a China a negociar un financiamiento de USD 7 mil millones para la construcción de la Refinería del Pacífico que provendría del Banco Industrial y Comercial de la China; aunque no se conoce si éste financiamiento irá a engrosar la deuda pública.  Es muy posible que estos dineros no ingresen al país en forma de préstamo, sino de una inversión directa china a través de su empresa estatal de petróleo, y así empreder un joint-venture entre Petrochina, Petroecuador y PDVSA.
 
Pero aún queda la pregunta: ¿A qué se debe el cambio de actitud del gobierno ecuatoriano hacia el Banco Mundial? Talvés a que China no quiere conceder más préstamos a Ecuador ya que más del 80% del petróleo ecuatoriano ya se destina al pago de los créditos contraídos con los bancos chinos desde el 2009; ó, a que finalmente el Presidentre Correa se dió cuenta que el financiamiento chino si tiene condicionamientos, y muy duros.

NUEVA PUBLICACIÓN

Diagnóstico de la situación de la participación ciudadana en Suramérica. Propuesta para la Participación Ciudadana en #UNASUR. Los casos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú

Acceda a ella a través de los siguientes links: http://bit.ly/1lwcutb | http://bit.ly/1kxQugg
 
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EVENTO

PRESENTACIÓN DEL FOLLETO
ALTERNATIVAS AL DESARROLLO
¡Mañana!
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ÚLTIMAS NOTICIAS TLC

ACUERDOS Y DESACUERDOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE ECUADOR CON LA UNIÓN EUROPEA

TLC-laberinto1Hoy inició en la ciudad de Manta la II Ronda de negociaciones para concretar el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Ecuador. El jefe negociador, Roberto Betancourt, estuvo acompañado de su delegación conformada por Francisco Rivadeneira (ministro de Comercio Exterior), el secretario de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), René Ramírez, y representantes de otras instituciones del Estado.

Debido a esto hoy, 24 de marzo, se convocó a una rueda de prensa en la sede de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) donde diversas organizaciones sociales han manifestado su rechazo antes dichas negociaciones que el gobierno de Ecuador está llevando a cabo con la Unión Europea.

La gran preocupación por parte de las organizaciones sociales se debe a que, como dice Francisco Rivadeneira, el acuerdo comercial será análogo al realizado con Perú y Colombia, lo quiere decir que los sectores pertenecientes a la agricultura familiar campesina, y sectores sociales en general, se verán perjudicados de igual manera que en estos otros países con la firma de sus tratados de libre comercio.

¿Cuáles son las exigencias desde las organizaciones sociales?

 - Se exige la comparecencia urgente de los ministros/as y servidoras/es públicos que tienen responsabilidades en el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación o TLC entre el Ecuador y la Unión Europea (principalmente el ministro Francisco Rivadeneira, responsable de la negociación) a fin de que se explique a la Asamblea Nacional, a la sociedad civil y organizaciones sociales sobre las acciones desarrolladas alrededor de este proceso, y transparenten los textos de la negociación en materia de propiedad intelectual.

- Así mismo, se pide a la Asamblea que se realice un estudio minucioso del “ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA, EL TLC DE COLOMBIA – PERÚ CON LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS ELEMENTOS”, “LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” Y EL ESTUDIO DE LOS POSIBLES IMPACTOS EN SOBERANÍA ALIMENTARIA; lo que serviría para el análisis y reflexión sobre los impactos que traería la firma del acuerdo con la UE para Ecuador.

NUEVA PUBLICACIÓN (copy)

Organizaciones internacionales de la sociedad civil, entre ellas CDES, publicaron el estudio “Casos paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Suramérica”, en el que se recomienda la transparencia como requisito esencial para la aprobación y financiación de próximos proyectos con el fin de lograr un desarrollo sostenible en la región.

Revisa el documento aquí

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PRONUNCIAMIENTO: 5 de marzo, 1 año de la muerte de Waoranis

Huaoranis1Miércoles, 5 de marzo de 2014

Desde CDES, y en especial desde el Observatorio de Derechos Colectivos, queremos recordar con profundo dolor esta fecha tan significativa para quienes luchamos por los derechos humanos y sobre todo por los derechos de los pueblos indígenas aislados. Hoy, miércoles 5 de marzo, se cumple un año de la muerte de los waoranis Ompore y Buganey, perpetrado por un grupo Tagaeri en la comunidad de Yarentaro. Una fecha que debería servir como trágico recordatorio de lo necesario que resulta el respeto a los derechos de estos pueblos. El ataque fue producto de presiones externas en la zona de indígenas aislados, de la presencia de petroleras y madereras, y la cada vez más frecuente aparición de colonos en dichos territorios; factores que conllevan a la violación sistemática de los derechos a la Autodeterminación y al Territorio que tienen los indígenas aislados (Art.57, num.21 de la Constitución*).

Que este día sea una oportunidad para hacer conciencia y, si es posible, debatir sobre nuestro rol como protectores de los pueblos ancestrales, sus derechos y nuestro pedacito de selva amazónica. Debemos cuestionarnos si estamos cumpliendo nuestro papel, desde la sociedad civil y desde las autoridades gubernamentales, velando por el bienestar de estas comunidades y, sobre todo, de valorar y guardar su cultura.

Hoy nos enfrentamos a una coyuntura que, una vez más, vulnera los derechos de los pueblos indígenas y pone en peligro su supervivencia, colocando por encima de la propia constitución los intereses y acuerdos comerciales, a pesar de que estos representen una violación a la ley y al respeto a los derechos colectivos. Tenemos la gran posibilidad de manifestarnos y exigir que se respeten estos derechos, se nos está dando la opción de llegar a una consulta popular para preguntarnos si estamos de acuerdo o no con la violenta irrupción de empresas petroleras en los territorios de los Tagaeri y Taromenane. Reiteramos en que la consulta popular se realiza sobre un acto administrativo y que nada tiene que ver con consultar derechos ya adquiridos, mucho menos con cuestionar los derechos humanos. Hoy 5 de marzo hacemos un llamado a la sociedad civil para que, con una acción, aporte a la lucha por el respeto de estas comunidades. Una firma por la consulta popular, por el Yasuní, por los indígenas aislados y por nosotros también.

A las autoridades les exigimos que respeten las Medidas Cautelares otorgadas por la  CIDH, la Constitución ecuatorianael Plan de Política Nacional de Protección de los PIAV promulgada por la Presidencia de la República en el año 2007 y las Directrices de Naciones Unidas para la Protección de Pueblos Indígenas Aislados. Ustedes, como representantes de la nación, tienen el deber de velar por la seguridad y los derechos de todos.

Gracias por ayudarnos a crear una responsable reflexión en torno a este tema y agradecemos también la difusión de este pronunciamiento.

Atte.

CDES

 

(*)Artículo 57, numeral 21: "Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley."

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